La Cámara Alta aprobó el nombramiento de jueces de Paz para ocho distritos. Además, dio media sanción a la creación de la Universidad Provincial de la Innovación en La Matanza, con un voto dividido en la oposición.
El Senado de la provincia de Buenos Aires llevó adelante su tercera sesión del año, y la primera con la reelección de Axel Kicillof ya consumada. Los engranajes del recinto volvieron a funcionar y permitieron la aprobación de ocho pliegos judiciales de los más de 50 que aguardaban una definición. Además, recibió media sanción la creación de la Universidad Provincial de la Innovación (UPI) en La Matanza, con una oposición que se abstuvo en general, pero que contó con la disidencia de cuatro bancas afines a los halcones del PRO que directamente votaron en contra.
Con 34 senadores presentes más cinco de manera virtual, la vicegobernadora, Verónica Magario, abrió la sesión que le permitió al gobernador Kicillof, resolver un primer puñado de nombramientos de los 52 que lleva enviados desde diciembre de 2022 a la fecha.
De esta manera, quienes estarán al frente de juzgados de Paz en territorio bonaerense son Carla Ventuala en Patagones, Eric Naumann en Coronel Pringles, Diego Monaco en el partido de Lobería, María Elisa Bainotti en Carmen de Areco, Hernán Salaverri en Suipacha, Gabriela Molina en Marcos Paz, Mauro Rossi en Carlos Tejedor y Mario Cosser en General Paz.
Inicialmente iban a ser once jueces, pero la oposición no prestaba conformidad con el pliego de Laura Maldonado para el juzgado de Paz de Coronel Rosales. En este marco, la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos se reunió el pasado martes para oficializar el tratamiento de los diez pliegos restantes, pero según explican desde la Cámara, el propio oficialismo decidió mantener en estudio los nombramientos de Carlos Miceli en Ituzaingó y Claudia Tatángelo en Escobar.
El antecedente conflictivo sobre la designación de jueces data de diciembre de 2022, cuando Kicillof envió 41 pliegos al Senado. Pero la oposición se negó a tratarlo argumentando que no había sido “consultada” al respecto. A ese número se les sumaron los once nombramientos a juzgados de Paz enviados en junio, totalizando 52 pliegos pendientes, lo que motivó, incluso, un reclamo de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires para avanzar en ocupar las vacantes actuales.
Media sanción para la UPI
Otro de los proyectos que avanzó en la jornada fue la media sanción para la creación de la Universidad Provincial de la Innovación en La Matanza. La iniciativa fue impulsada por las senadoras Maria Reigada y Ana Devalle, pero se había encontrado con el freno de la oposición en la Comisión de Educación. En mayo hubo fuertes cruces entre las autoras y los legisladores de la oposición por el bloqueo al proyecto, e incluso Reigada tildó a JxC “obstaculizar la formación universitaria” y fue contundente: “No sé cómo van a hacer cuando tratemos las otras universidades que están pedidas por JxC”.
Finalmente, y con dictamen de la Comisión de Presupuesto, el proyecto arribó al recinto, pero la interna opositora volvió a ofrecer una nota de color. Mientras que el bloque de la coalición macrista-radical optó por la abstención, cuatro legisladores que transitan la vereda del ala dura del PRO expresaron su rechazo a la iniciativa.
Fueron Walter Lanaro de Ituzaingó, Nidia Moirano de Bahía Blanca, Juan Pablo Allan de La Plata y Aldana Ahumada de Merlo. Los tres primeros compitieron por la intendencia de sus localidades, pero todos perdieron. Ahumada hizo el intento, pero directamente quedó fuera de carrera en el cierre de listas.
“Desde el radicalismo no íbamos a oponernos”, señala a Buenos Aires/12 un legislador boinablanca. Explica que desde si espacio tienen un proyecto universitario diferente, pero con algunas similitudes, por lo que “no podemos rechazarlo ni por historia ni por presente”. Aclara que no se dieron las condiciones para acompañar la creación de la UPI “porque no nos cerró la particularidad de cómo un centro universitario se transforma en Universidad”.
El proyecto de las senadoras Reigada y Devalle contempla la conversión del Centro Universitario de la Innovación ubicado en González Catán y elevar su condición a la de universidad provincial. El texto de la norma asegura que “para su desarrollo académico la Universidad de la Innovación atenderá prioritariamente las áreas de biotecnología, tecnología, mecatrónica y robótica, informática, redes, ambiente, salud y educación”.
Con el fin de no alimentar polémicas, el mismo senador radical sostiene que no hubo ninguna conflictividad interna del bloque, que la decisión de Ahumada y Allan, como miembros de la Comisión de Educación, también responde a una visión “estrictamente técnica” del asunto.
A diferencia de la UPI, hubo dos proyectos que a último minuto quedaron afuera de la orden del día. Una es la iniciativa para modificar a la Ley de Alquileres de la provincia impulsado por el peronista Francisco “Paco” Durañona, que pretende reacondicionar la norma para salvaguardar a los inquilinos de los costos inmobiliarios, pero deberá aguardar por un nuevo llamado al recinto.
Misma suerte corrió el proyecto firmado por el lomense Adrián Santarelli, junto a Gabriela Demaría, Juan Martínez, Vanessa Spadone y Walter Torchio, todos del oficialismo, que buscaba declarar de interés público provincial a las asociaciones civiles de primer grado constituidas en la provincia.
El Senado de la provincia de Buenos Aires llevó adelante su tercera sesión del año, y la primera con la reelección de Axel Kicillof ya consumada. Los engranajes del recinto volvieron a funcionar y permitieron la aprobación de ocho pliegos judiciales de los más de 50 que aguardaban una definición. Además, recibió media sanción la creación de la Universidad Provincial de la Innovación (UPI) en La Matanza, con una oposición que se abstuvo en general, pero que contó con la disidencia de cuatro bancas afines a los halcones del PRO que directamente votaron en contra.
Con 34 senadores presentes más cinco de manera virtual, la vicegobernadora, Verónica Magario, abrió la sesión que le permitió al gobernador Kicillof, resolver un primer puñado de nombramientos de los 52 que lleva enviados desde diciembre de 2022 a la fecha.
De esta manera, quienes estarán al frente de juzgados de Paz en territorio bonaerense son Carla Ventuala en Patagones, Eric Naumann en Coronel Pringles, Diego Monaco en el partido de Lobería, María Elisa Bainotti en Carmen de Areco, Hernán Salaverri en Suipacha, Gabriela Molina en Marcos Paz, Mauro Rossi en Carlos Tejedor y Mario Cosser en General Paz.
Inicialmente iban a ser once jueces, pero la oposición no prestaba conformidad con el pliego de Laura Maldonado para el juzgado de Paz de Coronel Rosales. En este marco, la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos se reunió el pasado martes para oficializar el tratamiento de los diez pliegos restantes, pero según explican desde la Cámara, el propio oficialismo decidió mantener en estudio los nombramientos de Carlos Miceli en Ituzaingó y Claudia Tatángelo en Escobar.
El antecedente conflictivo sobre la designación de jueces data de diciembre de 2022, cuando Kicillof envió 41 pliegos al Senado. Pero la oposición se negó a tratarlo argumentando que no había sido “consultada” al respecto. A ese número se les sumaron los once nombramientos a juzgados de Paz enviados en junio, totalizando 52 pliegos pendientes, lo que motivó, incluso, un reclamo de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires para avanzar en ocupar las vacantes actuales.
Media sanción para la UPI
Otro de los proyectos que avanzó en la jornada fue la media sanción para la creación de la Universidad Provincial de la Innovación en La Matanza. La iniciativa fue impulsada por las senadoras Maria Reigada y Ana Devalle, pero se había encontrado con el freno de la oposición en la Comisión de Educación. En mayo hubo fuertes cruces entre las autoras y los legisladores de la oposición por el bloqueo al proyecto, e incluso Reigada tildó a JxC “obstaculizar la formación universitaria” y fue contundente: “No sé cómo van a hacer cuando tratemos las otras universidades que están pedidas por JxC”.
Finalmente, y con dictamen de la Comisión de Presupuesto, el proyecto arribó al recinto, pero la interna opositora volvió a ofrecer una nota de color. Mientras que el bloque de la coalición macrista-radical optó por la abstención, cuatro legisladores que transitan la vereda del ala dura del PRO expresaron su rechazo a la iniciativa.
Fueron Walter Lanaro de Ituzaingó, Nidia Moirano de Bahía Blanca, Juan Pablo Allan de La Plata y Aldana Ahumada de Merlo. Los tres primeros compitieron por la intendencia de sus localidades, pero todos perdieron. Ahumada hizo el intento, pero directamente quedó fuera de carrera en el cierre de listas.
“Desde el radicalismo no íbamos a oponernos”, señala a Buenos Aires/12 un legislador boinablanca. Explica que desde si espacio tienen un proyecto universitario diferente, pero con algunas similitudes, por lo que “no podemos rechazarlo ni por historia ni por presente”. Aclara que no se dieron las condiciones para acompañar la creación de la UPI “porque no nos cerró la particularidad de cómo un centro universitario se transforma en Universidad”.
El proyecto de las senadoras Reigada y Devalle contempla la conversión del Centro Universitario de la Innovación ubicado en González Catán y elevar su condición a la de universidad provincial. El texto de la norma asegura que “para su desarrollo académico la Universidad de la Innovación atenderá prioritariamente las áreas de biotecnología, tecnología, mecatrónica y robótica, informática, redes, ambiente, salud y educación”.
Con el fin de no alimentar polémicas, el mismo senador radical sostiene que no hubo ninguna conflictividad interna del bloque, que la decisión de Ahumada y Allan, como miembros de la Comisión de Educación, también responde a una visión “estrictamente técnica” del asunto.
A diferencia de la UPI, hubo dos proyectos que a último minuto quedaron afuera de la orden del día. Una es la iniciativa para modificar a la Ley de Alquileres de la provincia impulsado por el peronista Francisco “Paco” Durañona, que pretende reacondicionar la norma para salvaguardar a los inquilinos de los costos inmobiliarios, pero deberá aguardar por un nuevo llamado al recinto.
Misma suerte corrió el proyecto firmado por el lomense Adrián Santarelli, junto a Gabriela Demaría, Juan Martínez, Vanessa Spadone y Walter Torchio, todos del oficialismo, que buscaba declarar de interés público provincial a las asociaciones civiles de primer grado constituidas en la provincia.